8 de Junio de 2020, la pandemia arreciaba el horizonte de un mundo cuya economía crujía. Un punto de inflexión crítico para el conjuto del planeta.

La crisis económica derivada de la sanitaria, también emergía como una oportunidad para nuestro país. El precio internacional de los granos se disparaba a niveles históricos, y el principal complejo exportador de nuestro país, era identificado como uno de los pocos sectores que ganarían en tiempo de pérdidas inéditas para otros complejos económicos.

Aquél 8 de Junio de 2020 el presidente Alberto Fernández anunció la expropiación del grupo económico trasnacionalizado Vicentín, cuarto exportador global de granos del país y propietario de un complejo empresario diversificado en el sector del agro y el rubro textil.

El reclamo había surgido de distintas organizaciones populares, gremiales, referentes académicos y empresarios. El motivo de aquél planteo era claro: bajo la gestión macrista a cargo de Javier González Fraga, el Banco Nación le había otorgado a la agroexportadora un préstamo por US$ 350 millones, cifra que supera por mucho los límites que establece la normativa del Banco Central y representaba más del 20% del patrimonio computable de la entidad oficial.

En efecto,  Vicentín tenía una composición de una deuda comercial de 25 mil 656 millones 961.525,51 pesos: hay 1.895 empresas que aún no cobraron sus granos entregados, entre acopios, cooperativas, corredores; y una deuda financiera de 63 mil 961 millones 563.645,69 pesos: hay 37 bancos que no cobraron sus créditos; 586 proveedores de bienes y servicios que quedaron enganchados; 19 acreedores fiscales, 98 acreedores accionistas y préstamos impagos a tres de sus sociedades vinculadas. 

En aquella oportunidad, tomar el control de una parte del sector agroalimentario, era la oportunidad de construir una política agroindustrial que nos permita  posicionar a nuestro país, no como “mera” góndola del mundo, sino como “potencia” inserta en las cadenas globales de valor, acorde a los tiempos históricos que transcurrimos.

Argentina, que cuenta con una estructura productiva y científica capaz de desarrollar un modelo agroalimentario productivo y sustentable, altamente intensivo en conocimiento, que a partir de la unión de lo virtual, lo real y lo biológico, produzca y distribuya alimentos saludables, genere trabajo digno; y proteja la biosfera y su biodiversidad, se encuentra condenado a su primarización por la extranjerización de su comercio exterior, y la cartelización de multinacionales en el comercio exterior de granos.

Pero esa oportunidad fue desperdiciada por el conjunto de la alianza gobernante del Frente de Todos.

El 31 de julio del mismo año, el Presidente derogó el decreto 522/2020, firmado en junio, que ordenaba la intervención y el envío del proyecto a los legisladores para declarar a Vicentin “de la utilidad pública” y expropiarla.

El preludio de ese retroceso aún puede ser recordado por cualquiera que haya estado atento a la enorme repercusión mediática que ponía en una raquítica movilización a favor del grupo económico el  centro de atención de la decisión.

Pero la razón principal es la gran cantida de dirigentes que, disfrazados de peronistas, ocupan las filas de la representación política de los intereses económicos de las grandes corporaciones.

En ese tren, Omar Perotti se subió rápidamente a la defensa del grupo económico. Y luego, excusa más, excusa menos, se fue plegando el conjunto de una dirigencia política que se caracteriza por la cobardía y la ausencia de ideología como marca característica.

La decisión le impidió a la Argentina tener el control de uno de los principales jugadores en el mercado agroexportador, el cual domina el 75% de las divisas que ingresan al país. En cuanto al dinero, la empresa propiedad del holding agroexportador de Avellaneda, Santa Fe, y la multinacional Viterra (ex Glencore), jamás repatrió los US$ 791 millones fugados, y su deuda actualmente asciende a unos US$ 1.600 millones.

Y acá está el país, mendigando dólares por el mundo.

La extranjerización del mercado de granos

Ya para octubre de 2020, Claudio Lozano –quién era director del Banco Nación por entonces e impulsor de la investigación que en enero desnudó la trama secreta de fraudes que terminó con la cerealera en convocatoria de acreedores– advertía sobre el proceso de “extranjerización y desguace” que estaba sufriendo la empresa.

Luego de la disolución de la iniciativa de expropiar, el concurso cayó en manos del juez Fabián Lorenzini, que acumuló irregularidades. Sobre éstas, Lozano detalló que los bancos extranjeros acreedores de la agroexportadora habían presentado una propuesta de fideicomiso en acuerdo con Vicentin “cuyo objetivo esencial era abrirles la puerta a inversores externos como modo de resolver la situación de la empresa”.

En sintonía con esta decisión, los propios dueños de Vicentin contrataron a “un banco neoyorquino” para que los asesorase en el proceso de reestructuración de la deuda concursada. El beneficiario directo de esto sería el Grupo Glencore.

Sobre finales de mayo de 2023, se informó que Bunge y Viterra, propiedad de Glencore, estaban en conversaciones para un gran acuerdo. Este acuerdo fortalecería aún más el comercio agrícola mundial y acercaría a Bunge a sus principales competidores globales, como Archer-Daniels-Midland y Cargill. En resumen, están considerando fusionarse para expandirse en varios países y competir a nivel global en el comercio agrícola.

Como consecuencia, hoy el comercio exterior de granos está mayoritariamente en manos extranjeras.

En la actualidad, Vicentín se dedica a lo  mismo que lo hacía años atrás. Contrabando, evasión impositiva y narcotráfico, como negocios accesorios en sus puertos privados.

“Un análisis de agentes especializados de la Dirección General de Aduanas descubrió que, entre 2020 y 2022, una empresa radicada en la ciudad santafesina de Reconquista subfacturó en USD 5.392.666 sus exportaciones de productos derivados del algodón y girasol. Según fuentes del mercado, se trata de una firma estrechamente vinculada al grupo Vicentin” señala una reciente noticia develada por Raúl de la Torre.

“Tres años después el grupo no trajo un peso de los 791 millones fugados; la deuda es de casi 1.600 millones de dólares y las personas que trabajan en la cuna del consorcio, en Avellaneda y Reconquista, no saben si seguirán con trabajo”, denuncia Del Frade quien desde hacia mucho tiempo venía denunciando las maniobras del Grupo Vicentín a través de los puertos

“El comercio exterior de granos está mayoritariamente en manos extranjeras y por la terminal Puerto Rosario salieron en los últimos años cientos de kilos de cocaína como también pasaron buques por Renova en Timbúes que también llevaban sustancias prohibidas en el último año”.

“Vicentin, el fugaducto del macrismo y la consolidación del vasallaje de parte de Fernández, es un nuevo capítulo de la histórica impunidad de los delincuentes de guante blanco. Igualmente seguimos peleando para recuperar al grupo, clave para la imprescindible soberanía económica que debemos recuperar” sostuvo el dirigente.